Reformas del Estatuto de Cantabria


1ª Reforma, 1991

Fue promovida por el Estado mediante la Ley Orgánica 7/1991, de 13 de marzo, de modificación del artículo 10.3 (BOE 14 marzo 1991), con el objeto de obligar a celebrar las elecciones al Parlamento autonómico el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, junto al resto de Comunidades Autónomas y simultáneamente a las elecciones locales. Quedaron excluidas de esta reforma las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia, que celebran sus comicios sin esa limitación.

2ª Reforma, 1994

El artículo 148.2 de la Constitución afirma que transcurridos cinco años desde la aprobación de los Estatutos que se promovieron por la vía del artículo 143, se podía aumentar el techo competencial. El plazo se cumplió en 1987 y fue entonces cuando muchas Comunidades Autónomas comenzaron a exigir el cumplimiento del mandato constitucional, entre ellas Cantabria. Esta situación trajo consigo los segundos Pactos Autonómicos, suscritos por los dos principales partidos de ámbito estatal.

Se adoptó así la Ley Orgánica 2/1994, de 24 de marzo (BOE 25 marzo 1994), que modificó el Estatuto en línea similar al resto de Comunidades Autónomas de la llamada vía "del artículo 143", esto es, con la finalidad de elevar el techo competencial al incorporar como propias las competencias que ya habían sido delegadas a esas Comunidades Autónomas por el Estado mediante las Leyes Orgánicas 5/1987 y 9/1992.

3ª Reforma, 1998

La reforma de 1994 coincidió con una etapa de inestabilidad política en Cantabria por lo que, en el debate general, ni se recogieron todas las aspiraciones cántabras ni se superaban ciertas cuestiones surgidas en la propia tramitación del Estatuto en el Congreso. Además, de la reforma anterior, habían quedado cosas pendientes por lo que se volvieron a convocar a las fuerzas políticas para desarrollar los segundos Pactos Autonómicos, marcando una serie de criterios.

Normalizada la situación política, a comienzos de la IV legislatura se organizó la Comisión de Desarrollo Estatutario en el Parlamento Cántabro con la idea de afrontar una gran reforma.

La Comisión dio pie a una Ponencia parlamentaria que recogería las aportaciones ciudadanas en ella expuestas. Tras dos años de trabajo, se elaboró un texto consensuado que se firmaría el 30 de diciembre de 1997 por los representantes de los cinco grupo parlamentarios, a la sazón Francisco Rodríguez Argüeso (PP), Julio Neira (PSOE), José Ramón Saiz (UPCA), Rafael de la Sierra (PRC) y Martín Berriolope (IDCAN). Fue el denominado "Pacto de Carmona", por celebrarse en esa localidad cabuérniga las reuniones que concretaron el acuerdo final.

Esta reforma se planteó desde Cantabria, con aportaciones sociales y ciudadanas y bajo consenso, aprobándose en las Cortes Generales un año después con la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, de reforma de la LO 8/1981, del Estatuto de Autonomía para Cantabria (BOE 31 diciembre 1998). Afectó a 54 de los 58 artículos del Estatuto e introdujo, además de una ampliación competencial, importantes cambios en materia institucional.

Entre las modificaciones se encontraba el Título VI, de la Reforma, al eliminar el antiguo artículo 58 que regulaba la incorporación de la Comunidad Autónoma de Cantabria a otra limítrofe, impuesta en las Cortes en los debates de acceso a la autonomía. Además, el Estatuto dejó de referirse a Cantabria como entidad regional histórica para ser sustituida por la expresión "comunidad histórica".

Otras

Cabe mencionar que la disposición adicional primera del Estatuto, que versa sobra la cesión de tributos, en su apartado segundo, establece que "el contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma, que será tramitado por el Gobierno como proyecto de ley. A estos efectos, la modificación de la presente disposición no se considerará modificación del Estatuto".

En virtud de este mecanismo, el contenido de la disposición adicional primera ha sido modificado en tres ocasiones, pero no se pueden considerar reformas en sentido estricto. En concreto, por la Ley 29/1997, de 4 de agosto, por la Ley 21/2002, de 1 de julio, y por la vigente Ley 20/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, para su adaptación a la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, (BOE, 19-12-2009), que es la que proporciona la actual redacción al precepto.

Estas leyes han tenido como finalidad adecuar el listado de tributos cedidos a la Comunidad de Cantabria tras las reformas del régimen de financiación de las Comunidades Autónomas que tuvieron lugar en 1996, en 2001 y en 2009.