1ª Reforma, 1991

Fue promovida por el Estado mediante la Ley Orgánica 7/1991, de 13 de marzo, de modificación del artículo 10.3 (BOE 14 marzo 1991), con el objeto de obligar a celebrar las elecciones al Parlamento autonómico el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, junto al resto de Comunidades Autónomas y simultáneamente a las elecciones locales. Quedaron excluidas de esta reforma las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia, que celebran sus comicios sin esa limitación.

2ª Reforma, 1994

El artículo 148.2 de la Constitución afirma que transcurridos cinco años desde la aprobación de los Estatutos que se promovieron por la vía del artículo 143, se podía aumentar el techo competencial. El plazo se cumplió en 1987 y fue entonces cuando muchas Comunidades Autónomas comenzaron a exigir el cumplimiento del mandato constitucional, entre ellas Cantabria. Esta situación trajo consigo los segundos Pactos Autonómicos, suscritos por los dos principales partidos de ámbito estatal.

Se adoptó así la Ley Orgánica 2/1994, de 24 de marzo (BOE 25 marzo 1994), que modificó el Estatuto en línea similar al resto de Comunidades Autónomas de la llamada vía "del artículo 143", esto es, con la finalidad de elevar el techo competencial al incorporar como propias las competencias que ya habían sido delegadas a esas Comunidades Autónomas por el Estado mediante las Leyes Orgánicas 5/1987 y 9/1992.

3ª Reforma, 1998

La reforma de 1994 coincidió con una etapa de inestabilidad política en Cantabria por lo que, en el debate general, ni se recogieron todas las aspiraciones cántabras ni se superaban ciertas cuestiones surgidas en la propia tramitación del Estatuto en el Congreso. Además, de la reforma anterior, habían quedado cosas pendientes por lo que se volvieron a convocar a las fuerzas políticas para desarrollar los segundos Pactos Autonómicos, marcando una serie de criterios.

Normalizada la situación política, a comienzos de la IV legislatura se organizó la Comisión de Desarrollo Estatutario en el Parlamento Cántabro con la idea de afrontar una gran reforma.

La Comisión dio pie a una Ponencia parlamentaria que recogería las aportaciones ciudadanas en ella expuestas. Tras dos años de trabajo, se elaboró un texto consensuado que se firmaría el 30 de diciembre de 1997 por los representantes de los cinco grupo parlamentarios, a la sazón Francisco Rodríguez Argüeso (PP), Julio Neira (PSOE), José Ramón Saiz (UPCA), Rafael de la Sierra (PRC) y Martín Berriolope (IDCAN). Fue el denominado "Pacto de Carmona", por celebrarse en esa localidad cabuérniga las reuniones que concretaron el acuerdo final.

Esta reforma se planteó desde Cantabria, con aportaciones sociales y ciudadanas y bajo consenso, aprobándose en las Cortes Generales un año después con la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, de reforma de la LO 8/1981, del Estatuto de Autonomía para Cantabria (BOE 31 diciembre 1998). Afectó a 54 de los 58 artículos del Estatuto e introdujo, además de una ampliación competencial, importantes cambios en materia institucional.

Entre las modificaciones se encontraba el Título VI, de la Reforma, al eliminar el antiguo artículo 58 que regulaba la incorporación de la Comunidad Autónoma de Cantabria a otra limítrofe, impuesta en las Cortes en los debates de acceso a la autonomía. Además, el Estatuto dejó de referirse a Cantabria como entidad regional histórica para ser sustituida por la expresión "comunidad histórica".
 

4ª Reforma, 2021

La cuarta reforma del Estatuto de Autonomía se lleva a cabo a través de la Ley Orgánica 2/2021, de 23 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno.

Como se refleja en el preámbulo de la ley, los Grupos Parlamentarios firmantes de esta iniciativa, que representan a la totalidad de los miembros del Parlamento de Cantabria, deciden dar cumplimiento a la Proposición no de Ley n.º 9L/4300-0018, aprobada por el Pleno en su sesión de 3 de noviembre de 2015, en la que se acuerda reformar los artículos 11 y 20 del Estatuto en relación con el fuero procesal especial del Presidente de Cantabria, de los restantes miembros del Gobierno y de todos los diputados del Parlamento de Cantabria.

Esta reforma pretende eliminar fueros judiciales especiales al margen del juez ordinario predeterminado por la ley, recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española de 1978, por entender que carece de justificación jurídica y social. 

Con ello se pretende además eliminar ese fuero especial, con un carácter ejemplarizante, para todos aquellos que han sido elegidos directa o indirectamente por los ciudadanos.

La Ley Orgánica 2/2021, de 23 de marzo, consta de dos artículos, el primero modifica el texto del artículo 11.1 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, en el sentido de que los Diputados y Diputadas del Parlamento de Cantabria gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio a los jueces ordinarios predeterminados por la Ley. En la antigua redacción la decisión recaía sobre el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cuando los delitos se cometían en territorio de Cantabria, y en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando se cometían fuera de dicho territorio.
El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2021, de 23 de marzo, suprime el artículo 20 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, que decía:
La decisión sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio del Presidente y de los demás miembros del Gobierno, en relación con los presuntos actos delictivos que hayan podido cometer dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Es decir, extiende el mismo régimen que el artículo 1 establecía para los diputados y diputadas al presidente y a los demás miembros del Gobierno de Cantabria.
Esta modificación de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, entró en vigor con fecha 25 de marzo de 2021, día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado (BOE nº 71 de 24/03/2021). 


Otras

Cabe mencionar que la disposición adicional primera del Estatuto, que versa sobra la cesión de tributos, en su apartado segundo, establece que "el contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma, que será tramitado por el Gobierno como proyecto de ley. A estos efectos, la modificación de la presente disposición no se considerará modificación del Estatuto".

En virtud de este mecanismo, el contenido de la disposición adicional primera ha sido modificado en tres ocasiones, pero no se pueden considerar reformas en sentido estricto. En concreto, por la Ley 29/1997, de 4 de agosto, por la Ley 21/2002, de 1 de julio, y por la vigente Ley 20/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, para su adaptación a la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, (BOE, 19-12-2009), que es la que proporciona la actual redacción al precepto.

Estas leyes han tenido como finalidad adecuar el listado de tributos cedidos a la Comunidad de Cantabria tras las reformas del régimen de financiación de las Comunidades Autónomas que tuvieron lugar en 1996, en 2001 y en 2009.